He reiterado en múltiples ocasiones, que los diagnósticos y los planteamientos del Gobierno, para concluir que la privatización del sector energético era necesaria, adolecían de múltiples defectos: insuficientes en el análisis económico, discutibles desde el punto de vista técnico, inconsistentes en el aspecto legal, ignorantes de contenido histórico, ayunos de sensibilidad política y carentes de patriotismo.
Hace tiempo también, se han instrumentado en nuestro país, en forma maquiavélica, políticas públicas destinadas a desmantelar las capacidades nacionales, principalmente en los organismos públicos, con decisiones que, fundadas en la convicción de las autoridades en la falta de talento nacional, en una incapacidad innata para resolver nuestros propios problemas y en la necesidad de recurrir a otros para hacerlo, no hacen sino beneficiar a las empresas extranjeras, porque no hemos aprendido una lección fundamental: la autodeterminación tecnológica es cuestión de supervivencia nacional. La moderna tecnología de la dependencia es crear la dependencia de la tecnología.
Antes se invadían territorios, hoy se apropian industrias y mercados. En esta guerra de conquista que hoy llamamos competencia, nuestros gobernantes han encomendado precisamente a nuestros contendientes o han aceptado sumisamente de ellos, el diseño de nuestras estrategias. ¿Qué diferencia hay entre el conquistador que empuñando un mosquete vino a llevarse nuestro oro en el nombre del Rey, y el ejecutivo de la trasnacional que armado con una presentación de McKinsey viene a buscar la cesión de la renta petrolera en favor de la EXXON, la Chevron o la Shell?
“Quieres que el mundo adopte la agenda económica de los Estados Unidos –dice la tesis de las becas Fullbright- toma a algunos de sus jóvenes en edad impresionable; adoctrínalos en las escuelas del Ivy League; regrésalo a su país y asegúrate de que los nombren Secretarios de Estado, para que desde el púlpito de su ministerio, implementen, con el fanatismo y la ceguera de un dogma religioso”, el evangelio según Uncle Sam.
En 1990 John Williamson, economista del Banco Mundial elevó este evangelio según Uncle Sam a nivel de sagrada escritura, en un documento que tituló El Consenso de Washington, en el que se prescribían las condiciones con las que instituciones financieras internacionales (el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras), otorgarían créditos a los países en desarrollo. Instituciones, claro está, financiadas por los gobiernos de los países industrializados, que llegan al poder con los donativos de campaña de sus grandes corporaciones, principalmente las petroleras trasnacionales. Entre las condiciones figuraban en primerísimos lugares, la eliminación de subsidios y la privatización de los servicios y los negocios públicos, y entre ellos, el más jugoso de todos: el petróleo.
En 1992 Davidson Budhoo, un ex economista del Fondo Monetario Internacional, en un acto de contrición declaró que “las condiciones impuestas por estas instituciones no buscaban mejorar las condiciones de los países en desarrollo, sino satisfacer las necesidades económicas de los países industrializados”.1
Fue bajo estas presiones internacionales que muchísimos países empezaron a cederle el jugoso negocio del petróleo a las petroleras privadas, como describiré más adelante, con nefastas consecuencias.
Fue esta presión internacional la que llevó a México a privatizaciones de triste memoria, como la Bancaria, y a episodios negros, como el FOBAPROA y que ahora vuelve a amenazar a los energéticos. Ya antes nuestros gobernantes, iniciaron una privatización disfrazada, simulada, silenciosa, traidora y cobarde. Petróleos Mexicanos se dividió en cuatro subsidiarias con el objeto de venderlas una por una, iniciando con la petroquímica básica, luego con el gas natural, siguiendo con la refinación y culminando la entrega del patrimonio nacional, con la cesión de la renta petrolera.
A principios de los noventa, se dio el primer esfuerzo privatizador con la intención de vender los complejos petroquímicos de PEMEX que el nacionalismo de la opinión popular lo impidió. Ante esto, nuestros gobernantes lejos de cumplir con su deber y cuales niños emberrinchados ante la falta de satisfacción de su capricho, condenaron a la petroquímica básica a la inanición, privándola de la inversión que su mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo requerían.
Luego fue el gas natural, en un embate de cabildeo legislativo que exigía la apertura del mercado del gas y la privatización de la CFE, cabildeo liderado por la hoy tristemente célebre ENRON. Otra vez el nacionalismo de la opinión popular impidió los cambios constitucionales que la venta de CFE requería, ante lo que nuestros gobernantes volvieron a traicionar al pueblo con una privatización disfrazada y escondida bajo la figura de los productores independientes de electricidad. ¿Cómo se puede argumentar que el Sector Eléctrico no se ha privatizado, cuando hoy más del 35% de la electricidad para el servicio público la generan las grandes trasnacionales privadas?
Dado que siguiendo órdenes de Banco Mundial, nuestros gobernantes habían ya cedido el diseño de las estrategias eléctricas a las grandes corporaciones, en el caso del gas natural y la electricidad a ENRON, empezamos a generar electricidad no con lo que nos convenía generarla (agua, viento, sol, combustóleo), sino con lo que a ENRON le convenía vender: gas natural. En vista de que la apertura del sector eléctrico venía aparejada de la entrega a manos privadas del negocio de gas natural, los altos mandos en PEMEX volvieron a faltar a su deber y limitaron las inversiones en materia de gas, dando como resultado la importación masiva de gas natural comprado de las grandes trasnacionales y los cuellos de botella que su transporte implica por la falta de inversión de PEMEX en gasoductos.
Pero sin duda de las privatizaciones simuladas, la más dañina y traicionera es la de la renta petrolera que hoy adquiere nuevo impulso. Nos engañaríamos si simulamos que la discusión de hoy en día es sobre si empezamos a otorgar concesiones y contratos en los que se comparta la renta petrolera, los llamados contratos de riesgo. Estos ya se han venido celebrando en forma inconstitucional y por tanto ilegal bajo denominaciones eufemísticas como la de contratos de servicios múltiples o incentivados compartiendo la renta petrolera ligando su pago al éxito de la explotación.
Los contratos incentivados que ha venido celebrando PEMEX, implican el pago por ésta de los costos de extracción del contratista y además una cuota por barril, haciéndolo, sin duda alguna, partícipe del éxito de la explotación lo que es inconstitucional; son verdaderas concesiones celebradas en total contravención del texto constitucional.
Estos contratos son los que se quieren legitimar con las modificaciones constitucionales propuestas por el Presidente, contratos que tienen además, el defecto de ser una invitación abierta a la corrupción. Ante la complejidad de la explotación de un yacimiento petrolero, resulta absolutamente imposible supervisar los costos de extracción y comprobar, aun cuando utópicamente no hubiera corrupción, que los reembolsos, no son en realidad por un múltiplo muy superior a los costos reales: nóminas infladas, materiales y trabajadores inexistentes, jornadas diarias de 36 horas, automóviles de lujo cobrados como coches utilitarios, maquinaria e insumos de segunda cobrados como de lujo, son sólo algunos de los rubros que nos presenta la experiencia internacional que hacen de cualquier contrato basado en la recuperación de costos nada menos que casos de robo en despoblado o un espléndido negocio, visto desde la óptica de los contratantes. Nadie sabe aún a cuánto asciende el reembolso de los contratos incentivados suscritos por Pemex.
Los países que durante la implementación del Consenso de Washington abrieron sus industrias petroleras se arrepintieron y están pagando caro su error. Pero por lo menos ellos tienen la excusa de la falta de experiencias internacionales previas y de un escenario de precios de alrededor de los 20 dólares/barril, haciendo la alternativa privatizadora menos aberrante que ahora. ¿Qué excusa tenemos nosotros, cuando el barril se cotiza en US$100.00 dólares y está el ejemplo de los que ya se equivocaron y ahora pagan cara la enmienda?
En efecto, la más mínima revisión de la experiencia internacional reciente, es el mejor argumento para descartar cualquier esfuerzo privatizador. Veamos a vuelo de pájaro, algunas de estas experiencias.
Iniciemos con el niño modelo del que presumen los privatizadores: PETROBRAS. “Brasil abrió su industria y ahora tiene a PETROBRAS que es una empresa muy eficiente”, gritan los apologistas del libre mercado. Aceptándolo sin conceder, premisa cuestionable que mi argumento no requiere cuestionar, la pregunta no sólo es si PETROBRAS es eficiente, sino ¿para quién es eficiente?
Como todas las petroleras privadas, PETROBRAS genera muchas utilidades para sus accionistas, a quienes es más fácil encontrar en lujosos penthouses de Nueva York, que en las favelas de Sao Paulo o de Río de Janeiro. Dándose cuenta de la gran disparidad de lo que se quedaban en Brasil (10% en un principio) y las utilidades que iban a dar fuera, en 2007, al descubrirse los yacimientos del pre-sal, se creó una empresa 100% estatal: PETROSAL y se instrumentó un mecanismo que llevó en el 2010 al gobierno brasileño de Lula, a elevar de 39% a 48% la participación del Estado en PETROBRAS. Esto es, el gobierno brasileño decidió recuperar acciones de la empresa, re-nacionalizar parte de ella, para mitigar la sangría que a Brasil le ha significado la cesión de la renta petrolera a los accionistas extranjeros de PETROBRAS.
Hace unos meses nos visitó el Ing. Siqueira, Vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, y nos advirtió con claridad, no vayan a abrir su sector petrolero a la inversión privada, nuestra experiencia es fatídica.
